En medio de rumores, y señalamientos entre las partes, en el Huila avanzan los procesos de revocatoria de mandato en cinco municipios del Huila. En Pitalito y Campoalegre, ya se logró la meta en la recolección de firmas pero otros, el tema es más complejo.
Neiva.
Cinco municipios del departamento del Huila enfrentan sendos procesos de revocatoria auspiciados por líderes y veedores que dicen sentir que los actuales alcaldes no los representan, y menos a las comunidades a las que les juraron que trabajarían de sol a sol por ellas.
Se trata de los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, Gigante y Campoalegre. Allí, desde hace varios meses algunos de los que impulsan los procesos para sacar a los actuales alcaldes intentan recoger el mayor número de las firmas posible, más de las que obliga la ley, mientras que otros apenas están arrancando en medio de desacuerdos y hasta de supuestas ‘volteadas’.
Mientras esto sucede, el Ministerio del Interior, mediante Decreto 724 del 30 de junio de 2021 nombró al ex candidato a la Alcaldía de Neiva, Raúl Rivera como alcalde adhoc para las cuatro localidades que tendrá el encargo de garantizar más las medidas de bioseguridad dentro del proceso de recolección de firmas, que de otra cosa.
Con razón o sin ella, lo cierto es que los impulsores de las revocatorias adelantan la nada fácil misión de recoger determinada cantidad de firmas en sus municipios para poder lograr que sean convocadas nuevas elecciones. El común denominador de los reclamos a los actuales alcaldes tienen que ver con incumplimiento a sus promesas de campaña pero de entrada hay que decir que han tenido que enfrentar con otro enemigo más poderoso que sus opositores: la pandemia por el Covid 19.
Pero hay otro problema, dada la proximidad de las elecciones en marzo del año entrante, a los alcaldes les queda poco tiempo para invertir por cuenta de la famosa Ley de Garantías y eso los pondría en más aprietos porque no pueden invertir.
Hasta el momento en el país, desde que fue incluida como un mecanismo de participación ciudadana en la Constitución Política de 1991, ha prosperado una sola revocatoria en el país, en el municipio de Tasco, Boyacá, en 2018.
Para sacar adelante una revocatoria de mandato se necesita recolectar una cantidad de firmas válidas de ciudadanos que formen parte del censo electoral, equivalentes al 30 por ciento de los votos que obtuvo el mandatario cuando fue electo. Una vez cumplido este requisito se convoca a una votación en los siguientes dos meses, en la cual se debe conseguir por lo menos una participación del 40 % de los votos totales que se emitieron en la votación cuando se eligió al mandatario, y un apoyo a la revocatoria de la mitad más uno. Todo, durante un periodo de seis meses.
Campoalegre
En la capital arrocera de Colombia son dos sectores los que quieren revocar el mandato de la alcaldesa Elizabeth Motta, quien tras intentarlo en tres anteriores ocasiones, por fin logró el triunfo para el periodo 2020-2023.
Según sus contradictores, la mandataria no ha cumplido con sus promesas de campaña y desde finales del pasado mes de julio arrancaron con la recolección de firmas liderada por el biólogo y administrador público Absalón Calvo y el sacerdote Edwin Lombo, quienes tenían que rebuscarse por lo menos 2.000 aunque su meta era 6.000 para que se pueda llamar a nuevas elecciones. Sin embargo, sobrepasaron las expectativas a alcanzar 11.062 las cuales ya están en poder de la Registraduría Nacional.
“Hay un inconformismo grande en Campoalegre, como nunca antes se había visto y por eso creo que vamos a lograr el objetivo. Por eso la alcaldesa lo está pensando y como que hasta está ofreciendo cosas por ahí”, afirma Calvo.
Y es que para él, es apenas lógico que la alcaldesa Elizabeth Motta esté asustada dado que viene de hacer tres campañas y tiene muchos compromisos. Por eso no duda en afirmar que “vienen es a recuperar plata invertida”. Todo esto, mientras muchos se quejan de que en el municipio reina la inseguridad, las vías lucen en mal estado, hay mala calidad en la atención en salud, entre otros.
Sin embargo, Absalón Calvo, que también fue concejal, no se ha salvado de los señalamientos y hay quienes lo acusan de ser un urbanizador pirata porque estaría vendiendo unos lotes con engaños, a través de una asociación de vivienda.
Calvo asegura que lidera un programa de vivienda llamado Tinajitas en un lote que compró gracias a un préstamo bancario que debe, así como otro ubicado en Otás, denominado Pajaritas. Además, sostiene que dirige otro proyecto que él llama, granjitas integrales con otra asociación con personería jurídica que estaría beneficiando a 110 familias.
Allí, según él, vende lotes a 6 u 8 millones de pesos, dependiendo del tamaño donde los propietarios desarrollarán proyectos de pequeños cultivos. Con todo, Calvo dice que se sostiene hasta el final, pese a que según él, le han ofrecido plata para que se eche de para atrás.
El coequipero de Calvo es Edwin Lombo, aunque trabaja por su lado. Dice ser sacerdote vetero católico, una especie de rama de la Iglesia Católica nacida en Europa donde asegura que se formó, más específicamente en Roma, Italia.
Lombo asegura que en la Alcaldía de Campoalegre algo no está bien con la contratación y pone como ejemplo que el año pasado solo se presentó un contrato de obra y el resto por prestación de servicios . “Cuando uno los mira son contratos que duran uno o dos meses, luego se hace el mismo pero con diferente persona y ahí hay una irregularidad. Es esa forma de administrar que está llevando a Campoalegre a una situación crítica”, advierte.
También señala que se está investigando otra irregularidad en un contrato de gasolina por 200 millones de pesos, más otro por 25 millones para recuperación de una maquinaria de propiedad del Municipio, por 15 días. A ello suma la inseguridad de la cual él mismo ha sido víctima en su fundación, e incluso, dice, ha recibido amenazas en su contra mediante panfletos.
Además, Lombo dice que ha recibido presiones por parte del párroco local, lo que le achaca al hecho de que el Municipio tiene un contrato de arrendamiento del ancianato con la parroquia de Campoalegre.
Para la recolección de firmas, él y su equipo contrataron una empresa para hacerlo, tarea que ya cumplieron hace algunos días. Contrario a Calvo, este sacerdote descarta cualquier intención de lanzarse a la política o candidatizarse como alcalde, si Motta cae.
Garzón
En el municipio de Garzón, el proceso de revocatoria tiene varios tintes, incluso el de una supuesta traición. Al menos así lo ve Carlos Culma, un contador público que está detrás de la intención de por lo menos pegarle una sarandeada a la administración del alcalde Leonardo Valenzuela se vaya.
Sin embargo, es claro que la tarea no ha sido fácil, pues la iniciativa ha tenido varios obstáculos, entre ellos la expulsión de su antiguo vocero, Alberto Astudillo de la veeduría. Culma dice que no hizo lo que tenía que hacer y de eso tiene serias dudas.
“Ha sido difícil sacar adelante el tema pero sigue vivo. Desafortunadamente Astudillo, quien era el que manejaba todo ante la Registraduría, nos traicionó, le quedó grande el proceso de revocatoria pero a otros coordinadores también. No sabemos si fue que se vendió o le dieron alguna cosa, pero el objetivo es seguir”, asegura Culma.
Por eso, dice que eso no significa que la idea se haya estancado, y así lo se lo cree. De hecho está seguro de que incluso él solo, con ayuda o sin ella, puede hacer que las cosas funcionen. Mientras tanto, ya el movimiento cuenta con nuevo vocero. Se trata de un líder social llamado Eibar Giraldo, quien entra en reemplazo de Astudillo, a quien sacaron en medio de serios desacuerdos. Enfatiza Culma en que más que querer deshacerse del alcalde Valenzuela lo que al final se pretende sino adelantar un proceso pedagógico pero a final se busca recoger por lo menos 4.300 firmas, en los próximos meses.
“Lo que se pretende es halarle las orejas al alcalde para que trabaje, que dé resultados, que el pueblo de Garzón sepa que no es cosa de un comité integrado por cinco o diez personas sino que tienen que tomar conciencia si se está haciendo un trabajo bien, por parte de la Administración Municipal, o no”.
Independientemente de ello, Culma cree que el alcalde Valenzuela ha hecho poco por la recuperación de las vías del municipio, incluidas las rurales así como por la seguridad que se ha visto incrementada. Critica el manejo que se le ha dado a pandemia por Covid y tampoco ve que en año y medio de gestión haya habido mayor inversión alguna, entre las más protuberantes quejas.
Pero por lo pronto, el asunto va a paso lento, pues Culma reconoce que al menos por su lado ha recolectado algunas firmas, pero no está seguro si los demás están haciendo lo mismo.
Gigante
En el municipio de Gigante se espera recoger 1.300 firmas aproximadamente, aunque la meta es más ambiciosa y se buscan 7.000, según afirma el abogado Germán Mojica, quien hace las veces de representante del comité de revocatoria del mandato del alcalde César Germán Roa.
Mojica asegura que se va a demostrar que es cierto que en Gigante hay más inconformismo del que se cree, por parte de la ciudadanía con el gobierno local. Agrega que en este proceso cuenta con el apoyo de mototaxistas, comerciantes, campesinos, entre otros.
Con varias campañas a cuesta, el alcalde Roa fue avalado por la Alianza Verde, pero según Mojica, con padrinos reconocidos como el ex alcalde de Neiva, Pedro Suárez. “Ahora estamos viendo las consecuencias de eso con situaciones muy concretas como contratos millonarios por asesorías internas”.
Y es que según Mojica, a un solo abogado se le estaría pagando 80 millones de pesos por una asesoría externa, a seis meses. Esto, además de otros contratos por casi 60 millones de pesos durante la pandemia, supuestamente para mercados.
A ello, Mojica suma otras inversiones en obras para un polideportivo donde al parecer no pasó nada. Asimismo, denuncia que las vías del municipio de Gigante estaban siendo intervenidas por una empresa junto con Aguas del Huila pero la interventoría, al parecer corría por cuenta de las sobrinas de la esposa del Alcalde Roa y un cuñado suyo.
Y así se va engrosando el rosario de supuestos contratos como el de la elaboración de unas cartillas con información sobre deforestación que según Mojica, nadie vio. En este lío hasta el párroco del pueblo ha salido salpicado por cuenta de una inversión millonaria que se le va a hacer al templo. “Ahora hay un escándalo porque al Concejo Municipal le entregan una propuesta de inversión de 1.200 millones de pesos al templo porque el sacerdote del municipio siempre lo ha apoyado y en redes sociales le ha dicho a la gente que se va a condenar porque no le hacen caso al alcalde”.
En Gigante las cosas no han sido fáciles a la hora de recolectar las firmas. Según explicó Germán Mojica ha habido una que otra dificultad lo que ha hecho que el tema esté más bien quieto. “En las jornadas que se han hecho de recolección de firmas ha habido agresiones por parte de seguidores de la Alcaldía. Por ejemplo a una niña le rompieron las hojas y han comenzado a hacer campañas de desinformación”, asegura Mojica.
Por ejemplo, añade, que se le está diciendo a la gente que al firmar se podría hacer cosas ilegales y al parecer eso ha empezado a convencer a quienes han querido hacer parte del proceso de revocatoria. “Están poniendo muchas trabas para que las personas firmen. En Gigante todo el mundo anda sin tapabocas pero para el tema de las firmas nos están haciendo muchas exigencias y por eso decidí esperar un poco a ver si hay algún tipo de pronunciamiento a nivel nacional sobre las medidas de bioseguridad”.
Es que según Mojica, el alcalde Adhoc, Raúl Rivera quiere hacer unas exigencias por encima de la Resolución 777 que es la que establece las medidas de bioseguridad específicas para el proceso de recolección de firmas y ahí está el cuello de botella según explica Mojica. “Es que no nos dejan ni poner una carpa en el parque. Entonces uno presume que son discrecionalidades encaminadas a entorpecer el proceso”, enfatizó.
Pitalito
En el Valle de Laboyos es una mujer la que lidera el proceso de revocatoria del alcalde Édgar Muñoz. Se trata de la abogada y ex personera de Pitalito, María Eugenia Herrera, quien ahora está más convencida de que las cosas saldrán bien, pues sobrepasaron la meta de 6.902 firmas, y ahora en tres meses lograron más de 11.000.
“Hemos tenido muchísima aceptación, sin apoyo económico ni político de ninguna especie, solo somos un comité cívico ciudadano y la comunidad. Habíamos dicho que más o menos 12.000 firmas en tres meses y vea. La gente reaccionó positivamente, incluso muchos nos han preguntado si con esto ya salía el alcalde, en fin, muy contentos”, dice Herrera.
Con 120 personas voluntarias que trabajan con el equipo, la veeduría trabaja diariamente, pese a los señalamientos de sectores cercanos al alcalde Muñoz, según sostiene Herrera. Reconoce que incluso los han apodado como los ‘pelagatos ’ pero eso no les ha importado, pues resalta que el trabajo es intenso.
“Esto ha sido histórico en Pitalito porque es la primera vez que un movimiento ciudadano enarbola estas banderas de revocatoria que es un derecho político y fundamental consagrado en la Constitución”, subraya.
Y es que a decir de Herrera, la gente en Pitalito se cansó de que a casi dos años de la llegada al poder de Muñoz, no ha cumplido nada de lo prometido en campaña. Resalta lo que llama escándalos con las Empresas Públicas porque la ciudadanía no ve la reflejada la plata que se paga por servicios en inversión para una mejor calidad de éstos.
Como consecuencia de la pandemia, señala que hay demasiado desempleo y no se ha diseñado una política de salvación, y ni qué decir del estado de las vías del municipio. “Él prometió pavimentar 400 calles y no ha pavimentado una sola. A eso súmele la inseguridad, 25 muertos en siete meses, nos da una idea que cada mes hay tres. Sin contar con el secuestro del comerciante Arbey Vargas y el alcalde ni se ha pronunciado, está desaparecido”, advierte la abogada.
Pero para los políticos también hay garrote. Según María Eugenia Herrera, no hay un solo dirigente político del departamento, ni senadores, representantes ni diputados que haya alzado su voz de solidaridad, pues asegura que todos están alineados para apoyar al alcalde Muñoz.
Lo que está pasando en Pitalito en medio de este proceso de revocatoria deja pues al descubierto un panorama pintado en medio de presuntas persecuciones por parte de la Administración Municipal a los miembros de la veeduría, apodados por uno de los funcionarios de Muñoz como los ‘pelagatos’.
También se ha asegurado que detrás de la revocatoria hay intereses políticos, cosa que niega Herrera, quien por el contrario sostiene que lo que hay es la interpretación del sentir de un pueblo cansado, que quiere sentar un precedente.
Eso sí, Herrera hace una salvedad. “Si a la gente de Pitalito le parece que todo está bien, tiene el derecho a no firmar y no pasa nada, nos quedamos ahí, no hay elecciones. Lo importante es que la gente entienda que esto es un mecanismo de participación y un precedente que se dejará en la historia de Pitalito para que los próximos mandatarios que lleguen sepan el que el pueblo no traga entero y exige respeto”, advierte.
Ahora, lo que sigue es entregar la firmas, que están guardadas en un lugar secreto, a la Registraduría y en 45 días se sabrá si habrá consulta popular con una sola pregunta: ¿quiere revocar, sí o no el mandato del alcalde Édgar Muñoz?
Neiva
El proceso de la revocatoria del mandato del alcalde de la capital huilense, Gorky Muñoz entró al ruedo realmente hace algunos días. En este caso la vocería del comité la tiene Juan David Lizarazo, un muchacho perteneciente a un colectivo integrado por jóvenes activistas sociales.
Se trata del Comité Pro revocatoria Porque Amamos a Neiva, que según Lizarazo, nació de la inconformidad frente a las actuaciones del alcalde Muñoz.
El comité resume su queja en la inseguridad, falta de cumplimiento del Plan de Desarrollo, el desempleo, corrupción, entre otros.
Sin embargo, al proceso ahora se le suma toda clase de señalamientos. Lizarazo asegura que a partir del momento de que se supo de su intención de revocar al alcalde Gorky Muñoz, ha recibido amenazas, insultos y hasta dice estar seguro de que su teléfono celular está interceptado. Entre tanto, el burgomaestre habría dicho que el tema tiene tinte político.
Por lo pronto, la intención es recoger al menos 129.000 firmas en la ciudad, tarea que arrancará cuando el Consejo Nacional Electoral dé la largada.
