La larga espera del alcalde Gorky Muñoz

Neiva

A partir de ahora, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz tendrá que esperar aproximadamente un mes para saber si la Juez Séptima de Control de Garantías, Patricia Cruz acepta la solicitud de la Fiscalía de ordenar su detención preventiva. Esto, dentro del proceso por presuntas irregularidades en la contratación del PAE en 2020.

Aunque en principio se pensó que la parte correspondiente al Juzgado de Control de Garantías no tomaría mayor tiempo, compromisos adquiridos con anterioridad por parte de algunos de los abogados defensores, así como la presentación de las primeras pruebas fueron minando el plazo.

Así, una cosa y otra llevaron a que ayer, con las justas la Fiscalía solo alcanzara a pedir medida de aseguramiento contra el alcalde Muñoz, mientras que  los demás sindicados se quedaron sin escuchar lo que solicitaría el fiscal Juan Carlos Durán Cujar.

Todo esto, mientras el representante del ente acusador anunciaba que tenía preparada la presentación de las primeras pruebas contra los sindicados, consistentes en decenas de grabaciones de audio que datan desde el año 2019, meses antes de que el entonces candidato a la Alcaldía, Gorky Muñoz llegara al poder.

Pero las grabaciones apenas comenzaron a ser escuchadas en horas de la tarde de ayer, y considerando que se trata de un abultado material, según la Fiscalía, la jueza Cruz, en consenso con los abogados, determinó que la audiencia se extendía por cinco días más. Solo que esas fechas no son tan prontas, pues continuarán los días 6, 12, 13, 26 y 27 de mayo.

Contra Gorky Muñoz

Pero mientras tanto, momentos previos a la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva al alcalde Muñoz, el fiscal Durán Cujar, insistió en los hechos que rodearon la presunta conducta irregular del alcalde Muñoz.

“Los hechos nos permiten conocer que el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón se interesó indebidamente en la tramitación, celebración, la ejecución y en la liquidación del contrato de suministro 698 de la vigencia del año 2020 cuyo objeto consistía en la adquisición de productos alimenticios básicos para ser entregados como suministro del Programa de Alimentación complementario de las diferentes sedes educativas, urbanas y rural de Neiva para mitigar la pandemia del Covid 19 en cantidad de 105.000 raciones…en una cuantía de $5.250 millones…”.

El contrato fue firmado con la empresa Asoformando, con sede en el municipio de Tumaco, Nariño. Durán continuó asegurando que Muñoz se interesó de manera indebida en otro contrato, esta vez, el de interventoría que tenía como objeto la vigilancia y control del suministro de alimentos, correspondiente al contrato número 698.

Es por eso que para la Fiscalía está claro que todo estaba previsto para que los contratos favorecieran los intereses a Aiden Otoniel Vergara.

“Lo anterior por cuanto la contratación del municipio de Neiva era el reflejo de la retribución  hacia ese particular, quien habría contribuido económicamente a la campaña política del señor alcalde”, subrayó el fiscal Durán.

Pero agregó que el alcalde Muñoz, en calidad de funcionario público le fue imputada conductas a manera de dolo porque tenía la capacidad de entender que lo que estaba haciendo no era lo correcto y aún así, continuó adelante.

“Estando por fuera de sus funciones, usted, de manera dolosa, intencional, controló y dirigió la maduración y planeación de la etapa precontractual , así como celebró los contratos de inicio y suministro, 698 y de interventoría 703, ambos de la vigencia 2020. Pues el propósito de dicha contratación pública estaba orientada a favorecer los intereses de un particular, Aider Otoniel Vergara. Siendo esta la persona quien había colaborado de manera activa en su campaña política…”, reiteró el fiscal Durán.

Muñoz también fue sindicado de violar el régimen de incompatibilidades e inhabilidades al permitir que un integrante del contratista ejecutor del PAE hiciera la interventoría al desarrollo del contrato.

Es precisamente por estos hechos que como coautor, la Fiscalía considera que el alcalde Muñoz debe ser cobijado con medida de aseguramiento con privación de la libertad preventiva y así lo solicitó ante la Juez de Control de Garantías.

Los audios

En horas de la tarde, tras el receso solicitado por la Fiscalía, unos cuantos audios de grabaciones hechas por el ente acusador, fueron los que se escucharon, sin que hasta ese momento se nombrara o involucrara al alcalde Muñoz.

Las grabaciones son de llamadas entre el contratista Aider Otoniel Vergara y varias personas, en distintas fechas del año 2019.

En una de ellas se puede escuchar cómo Vergara le pide a una mujer de nombre Aura que corrija algunos balances, que aumente los índices de liquidez y que trabaje en los activos corrientes  para aumentar el capital de trabajo.

Posteriormente, en otros audios se evidencia cómo alguien llamado ‘Otto’ se refiere a presuntas relaciones de negocios con candidatos de la costa norte del país con quienes habla de proyectos del PAE e incluso de secretarías.

Y si bien hasta este momento, en ninguna de las grabaciones realizadas en el mes de julio de 2019, se ha hecho referencia al alcalde Gorky Muñoz o alguno de sus funcionarios, para juristas consultados por Vía Pública, lo que estaría intentando  hacer la Fiscalía es poner en contexto sobre las actividades que adelanta el contratista Aiden Otoniel Vergara y los ambientes en los que se desenvuelve.

Se estaría pretendiendo demostrar su manera de actuar en distintas campañas políticas, sin importar que se encuentren lejos de su lugar de residencia en el departamento de Nariño.

Luego, sí vendrían los demás audios de grabaciones de llamadas en poder de la Fiscalía en los que se demostraría cómo llegó el alcalde Muñoz a relacionarse con Vergara, para posteriormente entregarle el contrato del PAE en la ciudad de Neiva.

Pero por lo pronto, el alcalde Muñoz tendrá que aguardar hasta el 27 de mayo, cuando la juez Patricia Cruz determine si lo envía a la cárcel, como lo pide la Fiscalía, o si lo deja libre. Eso sí, sigue vinculado al proceso, al igual que los funcionarios implicados en el mismo caso, hasta que se agoten todas las etapas.

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